No hay semana en la que no conozcamos alguna nueva información relacionada con una mala praxis del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La mayoría de las noticias están relacionadas con la contratación pública. Tras el contrato que implica a su propio hermano, el goteo de casos es constante, incluyendo una el pago de 925.000 euros a un socio de la madre de la presidenta madrileña desvelado por el diario Público.
En los últimos días, varias son las noticias relacionadas:
El hermano de Ayuso será llamado a declarar por Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción decidió a finales del pasado febrero abrir diligencias informativas ante las denuncias que implicaban al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el presunto cobro de comisiones por el contrato de mascarillas que la Consejería de Madrid adjudicó a un amigo de los Ayuso por un valor de 1,5 millones de euros y sobre el cual todavía pesan muchas dudas.
Este 9 de marzo, la Cadena SER asegura que Anticorrupción citará a declarar a Tomás Díaz Ayuso y al empresario amigo, Daniel Alcázar. El objetivo, según este medio, es tratar de conocer “cómo y por qué un empresario sin experiencia en la materia accedió a esa contratación, quién y de qué forma le comunicó que podía acceder a los trámites, y qué papel jugó en la operación, por qué cobró y cuánto el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso”.
Asimismo, ya se habría solicitado un informe a la Intervención General de la Administración del Estado para que analice posibles irregularidades en la adjudicación. También se pedirá información bancaria para conocer los conceptos de los pagos que Tomás Díaz Ayuso recibió por parte de la empresa de Alcázar, Priviet Sportive. En un mensaje no oficial, la Comunidad de Madrid reconoció que el hermano de la presidenta ha cobrado 283.000 euros de dicha empresa, si bien argumenta que solo 55.850 euros más IVA corresponden a la comisión o intermediación del mencionado contrato.
La Comunidad de Madrid pagó 38 millones de euros a un empresario venezolano mientras atribuía los contratos a una firma española
También este 9 de marzo desvela infoLibre que el Gobierno de la Comunidad de Madrid difundió a través de sus canales oficiales de contratos públicos “información falsa sobre cinco adjudicaciones a dedo por emergencia sanitaria valoradas en 38,7 millones”. De acuerdo con esta información, dichos contratos fueron atribuidos a la compañía española Sigma Dental, junto a la cual aparecía un un CIF o NIF muy similar al de Sigma Dental SL, con sede en Granada, aunque difería en un número.
Sin embargo, las licitaciones por valor de 38,7 millones fueron a parar a una empresa de idéntico nombre pero propiedad de un empresario venezolano. De acuerdo con lo publicado por elDiario.es hace un par de años, se trata de Roger Swidorowicz, una persona con vínculos con miembros de la oposición a Nicolás Maduro y cuya compañía se encuentra inscrita en el registro de Florida (EEUU). La Sigma Dental de Swidorowicz fue la segunda mayor receptora de fondos por contratos de emergencia de la Comunidad de Madrid de una lista de 1.253 compañías.
