banner coronel baños

Intervención estima que los intereses de la sentencia de El Tagarral se acercan a los 3,5 millones de euros

Actualidad
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

La sentencia dictada el 2 de diciembre de 2019, por la Sala de lo Contencioso -Administrativo, estimando el Recurso de Casación sobre El Tagarral, que a su vez confirmaba la sentencia de 22 de noviembre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso -Administrativo número 12 de Madrid y en la que se condenaba al Ayuntamiento de Colmenar Viejo al pagar la cantidad de 21.084.784 euros, sin duda alguna va a traer de cabeza la economía colmenareña.

El remanente positivo que el Ayuntamiento tiene en el banco, generado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), más conocida como Ley Montoro, ha ido disminuyendo de manera paulatina como consecuencia de haber pasado partidas para desarrollar algunas inversiones y especialmente, por todos los gastos municipales generados desde que se iniciara la pandemia del COVID-19.

Con fecha de 31 de diciembre de 2019, el estado de cuenta bancaria de Colmenar Viejo arrojaba un saldo superior a los 28 millones de euros. En esta misma fecha, según señala un informe de Intervención, también había un gasto que se había tramitado de 3.473.876 euros. Se trata de la cantidad devengada de los intereses legales generados por el importe de la sentencia y que se han calculado entre octubre de 2014 y diciembre de 2019.

Una sentencia que podría subir

En este sentido y basándose en los datos que ofrece Intervención sobre la cuenta general del pasado año, se entiende que la cantidad a la que tendrá que hacer frente el Ayuntamiento por esta sentencia se acerca ya a los 25 millones de euros.

Este informe de Intervención choca frontalmente con las afirmaciones que realizó el alcalde en el último pleno municipal ante una pregunta formulada desde la oposición. Jorge García aseguró que había llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para que el pago de los más de 21 millones de euros no generara interés a las arcas municipales.