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 Pedagogía sobre la nueva Ley de Educación.

Cultura
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Hace pocos meses ha salido adelante la nueva Ley de educación LOMLOE, en el Congreso con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, el PRC y la CUP han votado en contra, y PdeCat, JxCat, Bildu, BNG, Nueva Canarias y Teruel Existe se han abstenido. Pocas fechas después la nueva Ley de Educación fue ratificada en el Senado sin ninguna modificación.

La nueva Ley de educación propone revertir "la debilidad de la prestación del servicio público", que no ha parado de sufrir recortes durante los mandatos del PP, con su ley Wert, paradigma de la desigualdad, votada sin debate alguno. El PSOE defiende que "en pocos sitios podemos ser más iguales que en el aula". La nueva ley atiende al abandono escolar, las repeticiones, la carrera docente, las evaluaciones para mejorar los planes de los centros, la inversión y busca una FP "de primera". La Lomloe garantiza, como dice la Constitución, que los alumnos dominen el castellano y la lengua cooficial donde la haya. No se acaba con el modelo de la concertada, sino que se limitan los privilegios de una Educación concertada cuyos fines son más lucrativos que sociales y pedagógicos.

En cifras, seis de cada diez colegios concertados pertenecen a la Iglesia o a fundaciones asociadas a ella. El resto son, en su mayoría, pequeñas iniciativas privadas. Su mayor implantación se da en comunidades autónomas con uno o dos elementos en común: rentas per cápita altas y/o una larga tradición de gobiernos populares. La polémica sobre la concertada es recurrente y lleva varios años pivotando sobre los mismos argumentos: una supuesta diferencia de coste y la defensa de la libertad de elección de centro educativo.

En cuanto al primero, el coste de la educación concertada le supone al Estado 6.179 millones de euros que se detraen del sistema público. El sistema de financiación de los colegios concertados se hace mediante los denominados módulos de conciertos, que están regulados por la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), artículos 116 y 117, que establecen que la Administración debe garantizar que la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad. Para ello, tomando como referencia el número de aulas del centro, la Administración debe abonar el pago de los salarios de todo su personal docente, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, así como «otros gastos», que incluyen los costes del personal de administración y servicios, el mantenimiento, conservación y funcionamiento de estos colegios y los gastos del «material y equipamiento necesario para impartir las enseñanzas y cursos de formación del profesorado». Es decir, los conciertos obligan a la gratuidad de la enseñanza, lo que la inmensa mayoría de los colegios concertados no cumplen, porque con frecuencia se introducen cuotas “voluntarias” que las familias acaban pagando, a pesar de ser ilegal, y que incrementan el coste final por alumno, de forma que, a la postre, la enseñanza concertada no es más económica que la pública.

¿Por qué, “a priori” es más cara la enseñanza pública? El grueso del gasto en educación es el personal docente y recordemos que en la enseñanza pública los docentes acceden mediante una oposición, lo que garantiza una mejor formación del profesorado, que evidentemente, debe ser remunerado como cualquier otro funcionario de su mismo nivel.  

Además del coste en personal, hay otros gastos que justifican la diferencia, y que entroncan con el segundo argumento: la libertad de elección de centro educativo. Los centros concertados, segregan “de facto” a los alumnos, a través del pago de las cuotas voluntarias, como hemos visto más arriba, de la obligatoriedad de ciertas actividades, o del uso obligatorio de ciertos servicios (comedor, transporte, uniforme…) que alejan de ellos a las familias con menor poder adquisitivo. Como los concertados eligen a su alumnado, este proviene de estratos sociales más altos y por tanto no tiene las mismas necesidades de refuerzo y apoyo que sí tienen otros alumnos, lo cual, encarece el coste de la enseñanza pública que debe garantizar satisfacer las necesidades de estos alumnos. Los centros concertados acaban eligiendo a sus alumnos no por principios pedagógicos, sino por las características socioeconómicas, significativamente distintas y más favorables para el proceso educativo que los de los centros públicos.

La derecha, ha utilizado el eslogan «Por el derecho a elegir la educación que queremos», cuando la libertad de elección no está en ningún artículo de la Constitución, mientras que el derecho a la educación sí que está recogido en ella y, no olvidemos, que la enseñanza pública es la que mejor garantiza la igualdad de oportunidades, aunque las familias seguirán pudiendo llevar a sus hijos a centros concertados, ya que es falso que la Lomloe acabe con esa libertad. El Partido Popular se llena la boca permanentemente apelando a los derechos de los menores, para acto seguido entregar dinero público a empresas con idearios integristas que pueden causar un daño psicológico inmenso a algunos de esos menores. Se llega a la conclusión de que el argumento comercial fundamental para decidir estos centros «no es una mayor calidad educativa», «no son los principios pedagógicos», si no las características socioeconómicas.

Pero ¿son ciertas las polémicas sobre la nueva ley de educación? Es evidente que circulan demasiados bulos alrededor de la nueva Ley de Educación: ni el castellano desaparece de Cataluña, ni los colegios de educación especial cierran, ni se cargan la religión, ni eliminan la escuela concertada… Veamos:

No, el castellano no se elimina.

¿Qué ocurre exactamente con el castellano? Lo cierto es que no desaparece. Lo único que cambia de la ley anterior a la Lomloe, es un párrafo: eliminan que se trata de la "lengua oficial del Estado", pero añaden que se aplica "de conformidad con la Constitución Española". Aquí, en la práctica, la ley Celaá no cambia nada de la ley Wert. De hecho, en Cataluña llevan décadas con ley inmersión lingüística, aprobada por el Tribunal Constitucional. La Justicia obliga a salir de la educación obligatoria dominando las dos lenguas El texto recogido en la Lomloe es: “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de conformidad con la Constitución española, los Estatutos Autonomía y la normativa aplicable”.

Además “para aquellos alumnos que puedan tener algún tipo de carencia en cualquiera de las dos lenguas, las administraciones educativas (de las comunidades autónomas) tienen que habilitar mecanismos y programas educativos para hacer refuerzo en cualquiera esas lenguas y evitar que haya una diferencia de competencia lingüística en cualquiera de ellas”. Para concluir, si es importante saber qué dice la Constitución a este respecto: En el artículo

3º de la Constitución Española, se afirma que “el castellano es la lengua oficial del Estado español”, y no hay referencia al concepto “vehicular”.


Al respecto de La Educación Especial.

La segunda preocupación es si los colegios de educación especial cierran. La respuesta es NO. Lo nuevo es que la ley Celaá pretende destinar más dinero para que los colegios ordinarios puedan ofrecer ese servicio a los padres que lo soliciten, y que los centros especiales no sean la única opción.

Una reforma que sigue la línea de lo que se recomendó a España en 2018. Por aquel entonces, la ONU acusó a España de discriminar a los niños con necesidades especiales y recomendó incluirlos en la educación ordinaria.

Sin embargo, es un punto que genera división entre los padres. Hay algunos que apuestan por la vía de pasar a los chavales con necesidades especiales a la educación ordinaria y otros que consideran que en su caso están mejor en los centros de educación especial. Estos últimos temen que si hay un trasvase masivo a lo público los centros especializados no sean viables.

Otras de las frases repetidas por la derecha es que los centros de educación especial van a cerrar. La disposición adicional cuarta de la ley Celaá, indica que: «Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna […]. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, […] los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios». Por tanto, no se cierran como ya negó el Ministerio de Educación. «Los centros de educación especial van a seguir existiendo. Serán puntos de referencia y apoyo para el resto del sistema, además de seguir escolarizando alumnos.

¿Qué ocurre con la religión?

No es cierto que la religión desaparezca del sistema educativo, pero sí hay un cambio importante: en la Lomloe, la religión deja de ser evaluable; es decir, ninguna de sus notas contará para la media o para pedir una beca. Aún así, quien quiera estudiar religión podrá hacerlo. El concordato firmado con el Vaticano en 1979 sigue vigente, y los colegios tienen que ofrecer la asignatura para quien la quiera cursar. No obstante, hay que recordar que, en la Constitución, se define a España como un país aconfesional.

Sí, la escuela concertada seguirá existiendo

Es falso que con la Lomloe se elimine la educación concertada, pero también hay cambios sustanciales en la misma. El Ministerio quiere que las cuotas voluntarias no existan, evitando así que los colegios concertados bloqueen el acceso de niños sin recursos, no es la libertad de elección de los padres lo que se limita, sino la libertad de los centros para elegir alumnos, que es en la práctica lo que sucede en muchos casos. El objetivo es que cualquier

niño que quiera ir a un colegio concertado pueda ir, aunque sus padres no tengan dinero. Sin embargo, los colegios concertados temen que ese cambio les deje sin determinados ingresos. Ahora, al menos el 90% de los colegios concertados cobran una cuota de la cual la mitad se impone cómo obligatoria, lo que supone una media de 255€ al mes por niño.

Varios constitucionalistas ya explicaron que si bien «los padres pueden elegir (un centro educativo), a lo que no está obligado el Estado es a financiar una plaza en el centro que ellos elijan». En modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública por elegir entre dos redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos. Lo que sí pretende la Lomloe es acabar con las cuotas que consiguen que la concertada sea una educación segregadora de facto al alejar a las familias con menos recursos económicos de sus puertas.

Lejos de acabar con la concertada, lo que hace es garantizar el derecho a la educación pública. Por un lado, se establece que hay que fomentar los centros públicos y frena la entrega de suelo municipal para la construcción de centros concertados. Pero, además, establece el fin de las polémicas cuotas que imponen muchos centros concertados (cómo ya se ha comentado).

¿Qué ocurre con la separación de niños y niñas?

Otra de las grandes preguntas es si con la Lomloe va a seguir habiendo en España educación segregada por género. La respuesta es afirmativa, pero solo en la escuela privada. Desde ahora, si hay dinero público, no hay segregación.

En la ley eso aparece plasmado de la siguiente manera: «Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos por España». Por lo tanto, no prohíbe que se segregue, sino que se acuerda que las escuelas que no lo hagan tendrán un trato preferente.