¿Por qué lo llaman becas cuando quieren decir privatización?

El lenguaje es un instrumento de descripción de la realidad, pero también de manipulación. Según el Diccionario del español jurídico de la RAE, “beca” es una “ayuda pública que, para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, tienen derecho a recibir los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables en la enseñanza obligatoria”. Hablar por tanto de becas, aunque sea de “becas para ricos”, supone aceptar el término beca, dando por buena la necesidad de llevar a cabo esa subvención con dinero público, y desviar la atención hacia los requisitos de las becas y a los valores de renta a los que afecta, que es precisamente el objeto y lo que justifica la propia ayuda. Así ya nos la han colado antes de empezar, a los medios y a los ciudadanos, porque no son becas.

Aunque la Comunidad de Madrid las llame en su normativa becas de Bachillerato, becas de Educación Infantil, becas de FP Grado Superior y becas FP Grado Medio, (con algún desliz de llamarlas cheques guardería y cheque bachillerato), la realidad es que son cheques limitados solo a centros privados y a etapas no obligatorias, como se puede comprobar.

Las declaraciones tanto del consejero de Educación como de la presidenta de la Comunidad y las comunicaciones de la Consejería en redes se centran en el término “becas” y omiten el tipo de centros beneficiarios: no les oímos decir que son centros privados. Y no decirlo expresamente nos lleva a pensar que van destinadas a todos los centros, cuando no es así. Y este es justo el problema.

Son cheques en los que la administración necesita al estudiante beneficiario solo como intermediario en el traspaso de dinero público a entidades privadas; el beneficiario no ve el dinero, recibe un “medio de pago” que presenta en el centro y el importe se abona directamente al mismo, que solo puede ser privado.

La Dirección General que se ocupa en la Comunidad de Madrid de la gestión de este nuevo ejercicio de ingeniería económica lleva el curioso nombre de Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, pero echando un vistazo a su presupuesto se puede comprobar que más del 90% de sus partidas presupuestarias van dirigidas a centros privados. Porque, de nuevo, el lenguaje es importante: no existe ningún centro que sea concertado: los centros son públicos o privados, y los privados pueden tener unidades concertadas. Cuando nos hablan de la pública, la concertada y la privada, ya nos la han vuelto a colar, y esto es relevante en el asunto de estas mal llamadas “becas”, porque estos cheques, solo para privados, aplican a privados con o sin concierto.

Los recursos económicos son finitos, por lo que destinar recursos públicos a la educación privada, con o sin concierto, supone que no se destinan a la educación pública: se trata de reducir el servicio público, de privatizarlo. Evidentemente la educación pública presta el servicio educativo con equidad y, según la normativa, los privados con concierto también debieran prestar un servicio público, pero los datos muestran que globalmente segregan.

Se publicitan estos cheques solo para centros privados, alegando la libertad de elección de los padres, pero nadie cuestiona la libertad de elegir centros privados. Lo que se cuestiona, además de que los estudiantes que van a recibir estas ayudas quizás no sean los más desfavorecidos, con el umbral de renta per cápita fijado en 35.913€, es el uso de recursos públicos para centros privados frente al derecho a educación en igualdad sin segregación de los alumnos. No existe el derecho a segregar y de ninguna manera puede una administración ser cómplice o colaboradora necesaria en dicha segregación.

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